Hoy hemos tenido la oportunidad de intervenir por la mañana en el programa que se emite en directo «El matí À Punt» y por la tarde en el programa «À Punt Directe» en la TV autonómica À Punt, para comentar el anuncio del gobierno de prohibir las matriculaciones de coches diésel, gasolina e híbridos a partir de 2040, su circulación a partir de 2050, la obligación de que todos los municipios con más de 50.000 habitantes cuenten con «zonas de bajas emisiones» antes del año 2023, etc. entre otras medidas.
El escenario que se nos plantea con falta de información, nos ocasiona mucha incertidumbre.
Es evidente que el futuro pasa por la adopción del vehículo eléctrico, de pila de hidrógeno, u de otra tecnología que no produzca emisiones contaminantes, con objeto de acelerar la plena descarbonización de la economía y asegurar el cumplimiento de España del acuerdo de París contra el cambio climático. Pero la cuestión fundamental es el periodo de transición y qué medidas adoptamos en este camino.
Es evidente que a nivel europeo, otros países han establecido similares, y se pone como ejemplo a Francia y el Reino Unido. Pero no todas las situaciones, economías y estrategias son iguales.
Si vemos el caso de Francia, el gobierno destina una partida, abierta todo el año, por un importe de 300 millones de euros. Si vemos el caso del Reino Unido, el gobierno destina 560 millones de euros. Y en nuestro caso, España, se prevé una partida de 66,6 millones de euros para impulsar el vehículo eléctrico (las últimas se agotaron en 24 horas). Los números hablan por sí solos. Además, estos países poseen una renta per cápita superior a la nuestra.
Si cogemos el caso de Noruega, país referente en la implantación del vehículo eléctrico en Europa con un valor en torno al 30% del parque automovilístico), vemos que allí el vehículo eléctrico está exento del IVA (el 25%), así como de otros impuestos y facilidades, que llevan a que adquirir un vehículo eléctrico sea más económico que uno de iguales prestaciones de combustión.
Es evidente que no estamos jugando con las mismas cartas, y no nos podemos comparar, en este momento, con dichos países. Tenemos algo más de 20 años hasta el 2040, pero necesitamos apoyos reales más que penalizaciones e impuestos.
De acuerdo con el informe Anual del año pasado 2017 de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), la edad media del parque automovilístico español ha experimentado un incremento del 45,5% durante los diez últimos años, pasando de una media de un poco más de 8 años en 2008 a más de 12 en el 2017.
Ahí es donde de verdad radica el problema de la contaminación y de la polución en las grandes ciudades, donde hay una densa circulación de vehículos. Un vehículo actual contamina menos del 10% de un vehículo que tiene 10 años, y están siendo tratados y demonizados por igual, y aquí es donde se debería de verdad intervenir, incentivando el cambio de vehículos con edad superior a 10-15 años, pero incentivos reales que permitan de verdad a los usuarios afrontar la inversión de un vehículo nuevo: la descarbonización del automóvil debe ir acompañada de un plan de incentivos más fiscales que monetarios a la compra de vehículos cero emisiones.
Además, nos surgen otros temas sobre los cuales se nos plantean, al menos, ciertas dudas.
Por ejemplo, es evidente que el exceso de electricidad ha de ser generada, y con medios renovables, para no contaminar más con la solución que con el problema. El gobierno habla de 3.000 MW anuales, lo cual equivale a construir tres reactores nucleares como el de la central nuclear de Ascó; como mínimo es algo un poco ambicioso.
Además, a día de hoy está claro que circular con vehículo eléctrico es más económico que hacerlo con otro tipo, si hablamos de €/km. Pero cuando se dejen de percibir los más de 20.000 millones de impuestos procedentes del carburante, tendrán que ser equilibrados con ingresos procedentes de otras partidas: ¿impuesto sobre recarga al Vehículo Eléctrico? ¿seguirá siendo igual de barato?
En breve tendremos los vídeos disponibles.